Ejidatarios y jornaleros podrán tener armas
Los ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo podrán poseer armas de fuego en su domicilio y portarlas fuera de las zonas urbanas, siempre que acrediten su calidad como tales, según la reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos aprobada el martes en la Cámara de Diputados.
Con 476 votos a favor y solo dos abstenciones, el Pleno de San Lázaro dio luz verde a la iniciativa impulsada originalmente por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual modifica 57 artículos de la normativa vigente. Esta reforma, además de ampliar los derechos de portación para sectores del campo, permite que organismos públicos como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Banco de México (Banxico) puedan portar armas bajo ciertos requisitos.
De acuerdo con el dictamen, los trabajadores del campo podrán portar un rifle calibre .22 o una escopeta —salvo aquellas con cañón inferior a 635 mm o de calibre superior a 12— fuera de zonas urbanas, con la sola manifestación de su condición como ejidatarios, comuneros o jornaleros, y siempre que sea validada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La reforma también contempla que organismos públicos, empresas paraestatales, órganos autónomos y personas físicas o morales con funciones de seguridad acreditadas, puedan portar armamento para el cumplimiento de sus funciones. Esto incluye a la Casa de Moneda, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y empresas de seguridad privada.
El diputado Sergio Gil Rullán, de Movimiento Ciudadano, celebró que la nueva ley obligue a los organismos autorizados a registrar cada arma y a su portador ante la Sedena. "El control sobre el personal autorizado y el armamento que manejan representa un avance en la supervisión y regulación de las armas en manos institucionales", subrayó.
En otro apartado, la legislación amplía el catálogo de armas de fuego que podrán adquirir personas físicas para su legítima defensa y uso personal, aunque se engrosa también la lista de armamento exclusivo para uso del Ejército.
Asimismo, se prohíbe la fabricación, posesión y uso de armas tridimensionales, réplicas y aquellas elaboradas de forma artesanal, a excepción de los casos contemplados en la ley.
Durante la sesión, la diputada priista Lorena Piñón Rivera destacó el papel que esta reforma puede tener en contextos electorales marcados por amenazas del crimen organizado. "Esta ley no busca armar a la sociedad, sino frenar el uso ilegal de armas que hoy están en manos del crimen sin ningún control", afirmó en referencia al proceso electoral en curso en Veracruz.
El dictamen también establece nuevos requisitos para obtener un permiso de portación, entre ellos demostrar salud física y mental, así como no consumir sustancias prohibidas. Además, se regula la venta de municiones con distintas periodicidades, según el uso autorizado: anual para protección personal, trimestral para cacería y mensual para fuerzas armadas. La iniciativa fue turnada al Senado para su análisis y posible aprobación final.
